Estrategias como eludir una fila, sobornar a una autoridad para eludir una sanción, hacer trampa en una evaluación académica o buscar ventajas indebidas comparten un mismo propósito: alcanzar un beneficio eludiendo el esfuerzo necesario y las normativas vigentes, aun cuando esto implique vulnerar los derechos de terceros o arriesgarse a recibir un castigo.
En el contexto mexicano, esta dinámica ha quedado arraigada en el refranero popular a través de la máxima popular de que “el que no transa, no avanza”, un postulado que justifica la trampa siempre y cuando esta derive en resultados favorables para quien la comete.
Factores sociales detrás de la conducta
Patricia Ganem, coordinadora de investigación en Educación con Rumbo, señaló en entrevista que este comportamiento funciona como una respuesta adaptativa ante el complejo panorama económico, social y de seguridad que experimenta la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, las conductas ventajosas no responden a un rasgo genético o a una herencia inalterable, sino a prácticas aprendidas que se intensifican al comprobar que los canales institucionales tradicionales resultan lentos, complejos y con baja certidumbre de éxito.
Un reflejo reciente de esta problemática ocurrió durante el proceso de selección en línea para ingresar a la UNAM, donde la máxima casa de estudios debió replantear un examen presencial de control tras detectarse irregularidades vinculadas al uso de tecnología y asistencia externa por parte de algunos aspirantes.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló que el 82.8% de la población reconoce que copiar en un colegio constituye un acto de corrupción; no obstante, al autoevaluar su propia rectitud en una escala del cero al diez, los encuestados se otorgaron una calificación promedio de 7.9.
El impacto colectivo de la transa
Especialistas coinciden en que este fenómeno representa un lastre estructural. Más allá de otorgar un beneficio temporal a quien rompe el pacto social, perjudica directamente a quienes optan por la legalidad, erosiona la confianza en las instituciones públicas y fomenta la creencia errónea de que conducirse con apego a derecho implica un retraso en el progreso personal.
Cuando estas acciones ilícitas se ejecutan sin recibir consecuencias punitivas, el entorno social tiende a normalizarlas, transformándolas en un estándar de convivencia cotidiana.
Por su parte, Felipe Gaytán, investigador de la Universidad La Salle, vincula este comportamiento con una perspectiva económica fundamentada en el cálculo individualista. Ante la escasez de oportunidades, la cooperación suele devaluarse frente a la alternativa de acaparar los recursos disponibles.
“Te lo quedas tú o yo, podríamos compartirlo, pero no sería satisfactorio ni para ti ni para mí y, por ello, es mejor ganar que perder, así que se plantea todo para obtener la meta, no siempre de la manera recta”, detalló.
La importancia de la educación cívica
En el ámbito formativo, Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero, apuntó que la construcción de ciudadanía no puede recaer exclusivamente en las instituciones escolares.
Si bien la disminución de contenidos enfocados en civismo dentro de los programas oficiales influye en la profundidad del problema, la experta enfatizó que la solución requiere una corresponsabilidad activa entre los hogares y las aulas.
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