Un avance histórico para la equidad de género
La aprobación de la ley del Sistema de Cuidados por parte del Congreso capitalino representa una de las iniciativas más emblemáticas de la gestión de Clara Brugada. Diseñada para transformar los paradigmas sociales en torno al ámbito doméstico, esta normativa busca mitigar el peso desproporcionado de las labores no remuneradas que tradicionalmente recaen sobre las mujeres. Durante una entrevista, la legisladora Cecilia Vadillo destacó que la propuesta es "completamente revolucionaria y profundamente feminista".
El marco legislativo se sustenta en tres ejes fundamentales: el reconocimiento formal del trabajo de cuidado, su redistribución equitativa y la disminución gradual del tiempo que las mujeres destinan a estas tareas. De acuerdo con los datos oficiales, estas actividades equivalen al 30% de la economía de la Ciudad de México, donde un 90% de la fuerza laboral encargada de estas labores no recibe remuneración alguna. Asimismo, la brecha de género es evidente, ya que por cada 40 horas semanales que una mujer dedica a cuidar, un hombre aporta apenas 15 horas.
Infraestructura urbana y descentralización del tiempo
En el plano operativo, la estrategia gubernamental contempla la creación de una junta especializada para coordinar las acciones de las distintas secretarías. Entre las medidas destacan adaptaciones en el sistema de movilidad, como el diseño de transporte público accesible para carriolas y personas con movilidad reducida. El objetivo principal es que cualquier habitante tenga un centro de cuidados a 15 minutos de su casa, un legado que busca impactar de forma directa en la calidad de vida de la ciudadanía.
La implementación de la infraestructura se materializa mediante la red de Utopías y las casas de las Tres R. Estos espacios permiten que una madre pueda optimizar sus jornadas diarias al acceder a comedores comunitarios, lavanderías accesibles y centros de día para adultos mayores. Según las estimaciones legislativas, estas acciones pretenden combatir problemáticas complejas como el síndrome del cuidador, un padecimiento que afecta profundamente la salud mental, especialmente en un contexto donde el 80% de las personas cuidadoras no se sienten cuidadas.
Sostenibilidad presupuestaria y participación privada
Para garantizar la permanencia de la política pública más allá de los periodos gubernamentales, la normativa establece un esquema financiero transexenal. El presupuesto destinado a estas tareas contará con un anexo transversal que deberá incrementarse cada año por encima del índice inflacionario. Este compromiso busca consolidar una red de servicios que trascienda administraciones y sirva como modelo para otros estados de la república que ya han mostrado interés en replicar el proyecto.
Por otro lado, el sector privado también asumirá responsabilidades específicas a través de la implementación de licencias de cuidado y la exigencia de infraestructura interna, como espacios de lactancia y guarderías. Al respecto, la diputada enfatizó la urgencia de repensar las normativas laborales a nivel general: "No es posible que desde el Estado se diga que las mujeres son responsables de cuidar a las infancias y que un hombre tenga cinco días de licencia y una mujer tenga 90".
Cierre de brechas económicas y consenso político
Si bien los indicadores educativos y políticos muestran avances significativos en la participación femenina, la brecha económica persiste sin modificaciones sustanciales en las últimas cinco décadas. Actualmente, por cada 70 hombres que participan activamente en la economía formal, solo 30 mujeres lo hacen, una disparidad del 40% vinculada directamente a las responsabilidades de cuidado y a la precariedad salarial, donde la mitad de las mujeres percibe un salario mínimo o menos.
A pesar de lo disruptivo de la legislación al incidir en la esfera privada, el proyecto logró una aprobación unánime en el órgano legislativo. Este consenso fue posible gracias a un proceso exhaustivo de diálogo y parlamento abierto que integró las propuestas de activistas históricas y colectivos ciudadanos. Con el funcionamiento de los primeros centros comunitarios, el gobierno local prevé realizar evaluaciones técnicas continuas para medir el impacto real de una política diseñada para devolver el tiempo y la autonomía a la población.
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