Residentes y actores políticos de la demarcación Miguel Hidalgo han manifestado su profunda preocupación y molestia tras el desplome parcial de una estructura que se encontraba en proceso de derribo. Los hechos ocurrieron en el predio marcado con el número 145 de la calle Minería, situada dentro de la tradicional colonia Escandón, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las construcciones locales y la eficacia de las inspecciones gubernamentales.
Cuestionan el papel de la demarcación en los controles de obra
A través de materiales difundidos en plataformas digitales, el exconcejal Raúl Paredes puso en la mira la actuación de la administración local, exigiendo explicaciones claras sobre la entrega de los permisos y el seguimiento que las autoridades debieron dar a las labores de destrucción del inmueble. El político señaló directamente al alcalde Mauricio Tabe, cuestionando el rigor con el que se vigilan este tipo de intervenciones urbanas para prevenir accidentes que pongan en riesgo a la ciudadanía.
“Expidieron la licencia especial de demolición. Una licencia no es un cheque en blanco. Se verifica y se constata la obra para que no pasen estos accidentes… qué supervisaste, qué se hizo antes y durante la demolición”, cuestionó al alcalde Mauricio Tabe.
Asimismo, se destacó que las autoridades de la demarcación no podían alegar desconocimiento sobre el proyecto. De acuerdo con los datos aportados, la dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos sostuvo un encuentro formal durante el mes de enero con personas vinculadas al inmueble para revisar los pormenores de la intervención.
Llamado a fincar responsabilidades legales y administrativas
Ante la magnitud del colapso que afectó la zona, el exfuncionario exhortó a losña funcionarios y actores involucrados a no eludir sus obligaciones, promoviendo de manera inmediata las acciones legales y denuncias pertinentes tanto en el ámbito administrativo como en el penal.
“Aquí hay nombres, tanto la constructora, los dueños y el personal de la alcaldía que fueron omisos al llevar la supervisión y verificación de esta obra”, concluyó.
La comunidad afectada insiste en que se investigue a fondo a los directores responsables de obra, a los propietarios del terreno y a los funcionarios públicos que presuntamente incurrieron en omisiones durante las tareas de fiscalización, exigiendo que este tipo de incidentes no queden impunes y se garantice la seguridad en las calles de la capital.
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