Crédito: Zuyeu Uladzimir/Shutterstock.
La jerarquía católica del país ha manifestado su profunda preocupación ante el proyecto gubernamental enfocado en normar los derechos de las audiencias radiofónicas y televisivas. A través de un pronunciamiento oficial emitido recientemente, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) enfatizó que “la verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.
El organismo religioso señaló que la iniciativa impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —sometida a escrutinio público entre el 27 de julio y el 21 de agosto— tiene el potencial de supeditar la libertad de expresión a parámetros gubernamentales de certidumbre. Asimismo, alertaron que esto podría vulnerar tanto la independencia de los medios de comunicación como las garantías vinculadas a la libertad de creencias.
Reconocimiento a los derechos de las audiencias
A pesar de los cuestionamientos, el episcopado reconoció ciertos aspectos positivos dentro de la propuesta normativa. Entre ellos destacan la prohibición explícita de la censura previa, las salvaguardas para prevenir la discriminación por motivos de fe y la defensa de los sectores poblacionales más vulnerables frente a la publicidad engañosa o la manipulación mediática.
“Que estos derechos cuenten con mecanismos claros para hacerse valer es un bien para todos”, destacó la institución, matizando que, si bien la intención de proteger a los espectadores es válida, resulta crucial analizar los métodos empleados para alcanzar dicho objetivo.
Esta postura coincide con previas reacciones emitidas por la Arquidiócesis Primada de México y con diversos análisis publicados por medios eclesiásticos regionales, los cuales cuestionan la legitimidad del Estado para fungir como árbitro de la veracidad informativa.
El peligro de una autoridad calificadora
Durante su pronunciamiento, los obispos reiteraron que el ejercicio informativo requiere rigor profesional, diligencia y contraste de datos, elementos muy distintos a las convicciones personales y espirituales. Al respecto, sostuvieron que “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas”.
El gremio episcopal mostró inquietud ante la ambigüedad con la que el proyecto define conceptos como información falsa o descontextualizada. Según su perspectiva, otorgar facultades punitivas a los funcionarios bajo estos criterios abriría la puerta a la censura indirecta y contravendría los estándares constitucionales y tratados internacionales vigentes.
Autonomía editorial y pluralismo religioso
Dado que la legislación mexicana prohíbe que las asociaciones religiosas posean o gestionen concesiones de radiodifusión, la CEM solicitó que la pluralidad contemplada en la normativa abarque también el universo de las convicciones de fe y a aquellos ciudadanos que no profesan ninguna religión.
De igual forma, expresaron reservas en torno a la posibilidad de que el ente regulador supervise y modifique los códigos de ética de los medios o intervenga en las decisiones de los defensores de las audiencias. “La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, manifestaron los prelados.
Llamado a la corresponsabilidad ciudadana
Ante este escenario, la CEM instó a la sociedad a involucrarse activamente en la consulta pública antes de su conclusión. Los religiosos calificaron la participación social como un ejercicio indispensable para la salud democrática del país.
Finalmente, reiteraron su apertura al diálogo con las autoridades y los concesionarios, ofreciendo la infraestructura educativa y pastoral de la Iglesia para fomentar la alfabetización mediática. Los obispos concluyeron recordando que ningún decreto sustituye la formación ética individual: “La primera defensa de la verdad no es un reglamento, es una conciencia formada”.
Add comment