En el marco del proceso judicial que se sigue por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la defensa legal del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aportó un total de 31 datos de prueba ante las autoridades judiciales. El objetivo principal de estos elementos es demostrar la imposibilidad material de que se hubiera llevado a cabo la reunión en territorio guerrerense donde, según testimonios de la fiscalía, le habrían entregado material audiovisual clave vinculado al secuestro de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Los testimonios y las pruebas de descargo
La controversia jurídica gira en torno a la declaración de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG). Dicha funcionaria aseguró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el 29 de octubre de 2014, alrededor de las 20:30 horas, entregó personalmente en la ciudad de Chilpancingo unos videos grabados por dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, los cuales presuntamente habrían sido destruidos por órdenes del entonces mandatario estatal.
No obstante, para contraargumentar esta versión, la defensa presentó testimonios clave durante la audiencia judicial. Entre ellos destacó la comparecencia de Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien fungía como coordinador de seguridad y transporte aéreo del estado. Su testimonio indicó que, en la fecha señalada, trasladó al exgobernador hacia la Ciudad de México para concretar una junta de carácter privado con Miguel Osorio Chong, quien entonces se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gobernación.
Según los detalles expuestos en el desahogo de pruebas, dicho encuentro institucional se desarrolló a las 18:00 horas en un inmueble ubicado sobre la avenida Rubén Darío, en la exclusiva zona de Polanco, concluyendo pasada la 19:00 horas. Posteriormente, la comitiva emprendió un viaje terrestre de retorno hacia Chilpancingo, arribando a la capital guerrerense cerca de las 23:00 horas, momento en el cual el exgobernador se dirigió a la Casa Guerrero para pernoctar sin recibir visitas.
Nuevos elementos sobre la dinámica de seguridad en Guerrero
A las declaraciones en favor del exmandatario se sumó el testimonio de Jesús Martínez Garbelo, ex secretario de gobierno durante la administración de Aguirre. Su intervención apuntó a desmentir la narrativa de la fiscalía al señalar que en las reuniones de seguridad del gabinete estatal jamás participaron la entonces presidenta del TSJEG, Lambertina Galeana, ni su visitadora general, Blanca Estrada, cuestionando así la veracidad de los encuentros descritos por la parte acusadora.
El proceso legal en contra del exfuncionario estatal continuó desarrollándose para definir su situación jurídica y determinar si existían los elementos suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso. Las indagatorias de la FGR forman parte de un reanálisis integral sobre las responsabilidades en el ocultamiento de evidencias que habrían obstaculizado el esclarecimiento del paradero de los normalistas desaparecidos.
Cabe recordar que Ángel Heladio Aguirre Rivero fue detenido por agentes federales el jueves 6 de agosto en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México, derivado de las investigaciones que encabeza la fiscalía en torno a los vacíos y alteraciones en las pesquisas originales del caso que conmocionó al país.
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