La comercialización descontrolada de predios campestres conocidos popularmente como lotes de inversión se ha convertido en una seria amenaza para el patrimonio de los ciudadanos y la estabilidad jurídica en el estado de Yucatán, de acuerdo con declaraciones emitidas por el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la entidad, Mauricio Morales Greene.
El representante empresarial advirtió que, bajo el marco normativo actual, la promoción y venta de este tipo de esquemas sin regulación ya se considera formalmente un delito de fraude inmobiliario, el cual cuenta con sanciones estipuladas en la legislación vigente.
Impacto de la especulación de tierras en Yucatán
Durante los últimos años, la fiebre especulativa en torno a la propiedad rústica generó distorsiones severas dentro del mercado formal de bienes raíces, abriendo la puerta a malas prácticas comerciales que afectaron a numerosos compradores. Diversas organizaciones del ramo, incluyendo a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) con sede en Mérida, han catalogado estos productos mercantiles como auténticas trampas financieras.
A diferencia de un desarrollo habitacional estructurado y formal, los predios de inversión se reducen por lo general a fragmentos de selva baja o terrenos rústicos que carecen por completo de servicios básicos y obras de urbanización primaria.
“El lote de inversión con las nuevas leyes se está erradicando; es vital decirlo a los clientes, el lote de inversión es un fraude inmobiliario con todas las letras de la ley y es penado”, aseveró Morales Greene.
Asimismo, el dirigente empresarial recalcó que este tipo de ofertas comerciales operan al margen de los estándares de calidad y seguridad que ofrecen las constructoras establecidas y debidamente agremiadas a las cámaras del sector.
Recomendaciones para evitar fraudes inmobiliarios
Frente a esta situación de riesgo, el titular de la Canadevi exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, investigar a fondo la reputación de los desarrolladores y evitar entregar anticipos o firmar compromisos financieros sin antes corroborar la legalidad del proyecto.
Los expertos señalan que, para garantizar una inversión segura y con certeza jurídica, es indispensable verificar que los fraccionamientos cuenten con permisos de construcción municipales vigentes, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) expedida por las dependencias ecológicas correspondientes, el registro ante el INSEJUPY y los contratos de adhesión debidamente avalados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Las acciones institucionales para frenar estas irregularidades se han fortalecido mediante la implementación de la NOM-247-SE-2021, instrumento regulatorio que castiga la publicidad engañosa promotora de falsas plusvalías o supuestas cercanías a zonas turísticas. A esto se suma la actualización de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, normativa que impide la venta de superficies que no garanticen la futura municipalización y dotación de servicios públicos indispensables.
Add comment