Acciones legales tras una invasión violenta en la capital
Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de siete hombres y una mujer, quienes enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el delito de despojo agravado. Los hechos que motivaron esta determinación judicial ocurrieron el pasado 4 de agosto en una zona habitacional de la Ciudad de México.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales integradas por la Fiscalía General de Justicia capitalina, los ahora imputados presuntamente utilizaron la violencia moral para coaccionar a una residente y obligarla a abandonar de manera abrupta el domicilio que compartía con un familiar en la demarcación territorial Azcapotzalco.
La intervención policial en la colonia San Pedro Xalpa
El incidente se registró en un inmueble localizado en la colonia San Pedro Xalpa. Tras recibir una alerta ciudadana sobre disturbios y agresiones, personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladó al sitio para verificar la situación y restablecer el orden público.
Al llegar al punto indicado, los uniformados se entrevistaron con la afectada, quien denunció el desalojo forzado y señaló directamente a los sospechosos. Pese a que los implicados intentaron justificar su presencia argumentando ser los legítimos dueños del lugar, las autoridades corroboraron que diversos muebles y pertenencias personales ya habían sido sacados a la vía pública y a los pasillos comunes.
Determinación judicial y medidas cautelares
Derivado de los elementos de prueba presentados por el ministerio público durante la audiencia de control, la autoridad judicial resolvió iniciar proceso penal en contra de Alicia N, Héctor N, César N, Rafael N, Enrique N, Jefrén N, Abel N y Emiliano N por su probable participación en los hechos constitutivos de delito.
Como parte de las resoluciones emitidas en la sesión celebrada este martes, el impartidor de justicia decretó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los acusados, misma que deberán cumplir en un centro penitenciario de la capital del país mientras continúan las indagatorias.
Asimismo, el órgano jurisdiccional estableció un periodo de dos meses para concluir la fase de investigación complementaria, tiempo durante el cual tanto la representación social como la defensa podrán aportar nuevos datos de prueba que fortalezcan sus respectivas teorías del caso.
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